![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/refugiojuridico.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/image.jpeg?resize=488%2C295&ssl=1\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Planteamiento preliminar<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fruto de mi experiencia en la especialidad civil de la Rama Judicial en Colombia durante m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os y del seguimiento a asuntos complejos que no alcanzaron \u00e9xito en las pretensiones por deficiencias probatorias, al igual que apoyado en el an\u00e1lisis acad\u00e9mico a tales problem\u00e1ticas en el \u00e1mbito de la docencia universitaria y en la labor de facilitador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; estimo \u00fatil y pertinente plantear algunos comentarios, que al apoyarse en buenas pr\u00e1cticas pueden contribuir a generar destrezas para trabajar el tema probatorio en especial en controversias civiles, de familia, comerciales y otras.<\/p>\n\n\n\n Forma pr\u00e1ctica de comenzar el an\u00e1lisis de una controversia para elaborar la demanda<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Conocidos los hechos que enmarcan la controversia, se debe verificar en el \u00e1mbito del derecho sustancial las disposiciones legales que consagran el derecho involucrado en el conflicto y las acciones para su protecci\u00f3n o reconocimiento, a partir de las cuales se establece, en primer lugar, lo relativo a las condiciones sustanciales de la pretensi\u00f3n, esto es, la legitimaci\u00f3n en causa y el inter\u00e9s para obrar; as\u00ed mismo, con apoyo en la jurisprudencia o la doctrina, se determina a partir de las respectivas disposiciones legales sustanciales, los requisitos especiales para la prosperidad de lo pretendido en la respectiva demanda.<\/p>\n\n\n\n Establecida dicha informaci\u00f3n t\u00e9cnica, el an\u00e1lisis subsiguiente recae sobre algunos de los problemas del derecho probatorio, que seg\u00fan la teor\u00eda m\u00e1s aceptada imponen clarificar lo relativo a (i) \u00bfqui\u00e9n prueba?, lo que se relaciona con la carga de la prueba; (ii) \u00bfqu\u00e9 se prueba?, aspecto relacionado con los hechos relevantes que integran el denominado tema probandum; <\/em>y (iii) <\/em>\u00bfc\u00f3mo se prueba?, pregunta esta que conduce a identificar los medios de prueba adecuados para acreditar los hechos sustento de las pretensiones.<\/p>\n\n\n\n 2. En cuanto al problema que alude a \u00bfqui\u00e9n prueba?, con apoyo en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a determinar, los hechos que le corresponde demostrar a la parte demandante y de ser el caso, se verifica si concurre alguno de los motivos admitidos para solicitar la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba, mecanismo este que se puede hacer efectivo atendiendo la mejor posici\u00f3n de la parte contraria para probar y si concurre alguno de los siguientes supuestos: (i) cercan\u00eda con el material probatorio, (ii) tener en su poder el objeto de la prueba, (iii) por circunstancias t\u00e9cnicas especiales, (iv) por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, (v) por estado de indefensi\u00f3n o de incapacidad, y (vi) por cualquiera otra circunstancia similar. As\u00ed mismo, se tomar\u00e1 en cuenta si se invocar\u00e1n supuestos f\u00e1cticos que no requieren ser probados, como los configurativos de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas.<\/p>\n\n\n\n Aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda comentada en casos concretos<\/strong><\/p>\n\n\n\n Primer ejemplo. – <\/em><\/strong> Controversia por un predio ocupado por persona distinta del propietario inscrito que aduce ser poseedor y ha exteriorizado actos de aquellos que normalmente ejecuta el due\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n La demanda deber\u00e1 promoverla el propietario (art. 950 C\u00f3digo Civil) y convocar como accionado al poseedor (art. 952 ibidem), debi\u00e9ndose acreditar los requisitos precisados de manera reiterada por la jurisprudencia y que en esencia aluden a los siguientes aspectos.<\/p>\n\n\n\n \u201c<\/em>Acorde con esto, quien acude a esta acci\u00f3n deber\u00e1 acreditar la concurrencia de los siguientes supuestos: (i.) que el actor sea titular del derecho de propiedad de la cosa objeto de la reivindicaci\u00f3n; (ii.) que est\u00e9 privado de la posesi\u00f3n de \u00e9sta y que tal posesi\u00f3n, la tenga el demandado; (iii.) que se trate de una cosa singular o de cuota de \u00e9sta y; (iv.) que exista identidad entre el bien pose\u00eddo por el demandado, con el descrito tanto en el memorial de demanda, como en los t\u00edtulos aducidos por el demandante.<\/em>\u201d(Sentencia sustitutiva CSJ SC3687-2021, entre muchas otras).<\/p>\n\n\n\n Establecidos los rese\u00f1ados aspectos sustanciales se procede a dilucidar los hechos que se aducir\u00e1n como sustento de las pretensiones y luego a determinar los medios de prueba para acreditar tanto los presupuestos sustanciales de la pretensi\u00f3n (legitimaci\u00f3n en causa e inter\u00e9s para obrar), como los requisitos especiales se\u00f1alados en el precedente jurisprudencial citado. <\/p>\n\n\n\n De acuerdo con los mencionados par\u00e1metros, los presupuestos de la pretensi\u00f3n se acreditar\u00e1n, en cuanto a la calidad de due\u00f1o del predio en cabeza del accionante, con el certificado de tradici\u00f3n y la condici\u00f3n de poseedor del demandado, entre otros elementos de juicio, con alg\u00fan documento en el que, por ejemplo, haya declarado como tal la realizaci\u00f3n de mejoras en el inmueble o que lo haya arrendado o con declaraci\u00f3n extraproceso en la que se hayan expresado circunstancias configurativas de la posesi\u00f3n y que contin\u00faa con la detentaci\u00f3n material del bien. De esa manera se prueban aspectos de la legitimaci\u00f3n en causa y el inter\u00e9s para obrar, los que se verificar\u00e1n por el juez en la sentencia.<\/p>\n\n\n\n Igualmente, como procede la acumulaci\u00f3n de pretensiones relativas a las denominadas prestaciones mutuas, resulta necesario exponer hechos para evidenciar la posesi\u00f3n de mala fe del demandado y de esa manera poder exigirle el pago de los da\u00f1os o deterioros del predio, como tambi\u00e9n los respectivos frutos, seg\u00fan las reglas de los art\u00edculos 953 y 954 del C\u00f3digo Civil; debi\u00e9ndose apoyar para su estimaci\u00f3n en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo al juramento estimatorio.<\/p>\n\n\n\n Sobre el particular cabe mencionar el precedente jurisprudencial antes referido y que en lo pertinente coment\u00f3: <\/p>\n\n\n\n \u201c[\u2026] <\/em>habi\u00e9ndose acreditado los presupuestos que legal y jurisprudencialmente habilitan el ejercicio de la acci\u00f3n dominical <\/em>es del caso estudiar las restituciones mutuas, ya que es de rigor su reconocimiento, aun de oficio, en los t\u00e9rminos del Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo XII del Libro Segundo del C\u00f3digo Civil, pues ha dicho esta Corte que \u2018en materia de prestaciones mutuas, el juez debe proceder de oficio, porque al ser decisiones consecuenciales, se entienden incluidas por la misma ley en la pretensi\u00f3n principal de que se trate\u2019<\/em>\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n En caso de que el poseedor haya realizado mejoras, deber\u00e1 reclamarlas en la contestaci\u00f3n de la demanda cumpliendo las exigencias del juramento estimatorio regulado en el citado art\u00edculo 206 del estatuto procesal general y tomar en cuenta las reglas de los preceptos 965, 966, 967, 968 y 969 del C\u00f3digo Civil, para efectos de plantear los supuestos f\u00e1cticos que le sirvan de apoyo a la solicitud de reconocimiento.<\/p>\n\n\n\n Acerca del alcance de las prestaciones mutuas pertinente resulta traer a colaci\u00f3n lo memorado por la mencionada Corporaci\u00f3n Judicial, en la sentencia citada, en la que al respecto sostuvo:<\/p>\n\n\n\n \u201c\u2018El triunfo de la reivindicaci\u00f3n impone resolver, a\u00fan de oficio, sobre las prestaciones mutuas, reguladas en los art\u00edculos 961 y s.s. del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan los cuales el demandado vencido est\u00e1 obligado a restituir <\/strong>(\u2026) los frutos (\u2026) percibidos durante el tiempo que la tuvo en su poder si ha sido poseedor de mala fe, o \u00fanicamente los recibidos despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda en caso contrario -poseedor de buena fe-, y no s\u00f3lo \u00e9stos sino, en ambos casos, los que el due\u00f1o hubiera podido obtener con mediana inteligencia y actividad (\u2026). El poseedor vencido tiene derecho (\u2026) a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservaci\u00f3n de la cosa, conforme a las reglas del art\u00edculo 965 Ibidem<\/u>. Siendo de buena fe deber\u00e1n tambi\u00e9n abon\u00e1rsele las mejoras \u00fatiles, hechas antes de la contestaci\u00f3n de la demanda, y si fuere de mala fe no tendr\u00e1 tal derecho, pero podr\u00e1 llevarse los materiales de tales mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario reh\u00fase pagarle el precio que tendr\u00e1n dichos materiales despu\u00e9s de separados (\u2026). Trat\u00e1ndose de las mejoras voluptuarias, el due\u00f1o no est\u00e1 obligado a su pago, aunque el poseedor podr\u00e1 llevarse los materiales, siempre que sea factible retirarlos sin causar da\u00f1o al bien reivindicado y, claro est\u00e1, que aquel se niegue a cubrir el valor de los mismos\u2019. CSJ. Civil. Sent. de 19 de dic. de 2011, Exp. 2002-00329-01, reiteradas Sent. <\/em>de 16 de sept. de 2011, Exp. 2005-00058-01; Sent. de 1\u00ba de jun. de 2009, Exp. 2004-00179-01.<\/em><\/p>\n\n\n\n Resulta adecuado precisar que, aunque el juez debe pronunciarse de oficio sobre las prestaciones mutuas, por lo general, la informaci\u00f3n obtenida y probada resulta insuficiente para dilucidar todos los aspectos con incidencia en el asunto en cuesti\u00f3n; por lo tanto, las buenas pr\u00e1cticas apuntan a que sean las propias partes las que den a conocer los hechos y elementos de juicio para decidir de manera justa y adecuada sobre aquellas.<\/p>\n\n\n\n Los medios de prueba que para el caso del ejemplo resultan adecuados a fin de demostrar los hechos relevantes, corresponden a la escritura p\u00fablica mediante la cual el accionante adquiri\u00f3 el predio y el certificado de tradici\u00f3n en el que conste su registro y la indicaci\u00f3n de que aquel figura como actual propietario; testimonios extraproceso o documentos o cualquier otro medio de prueba, para acreditar la calidad de poseedor actual del accionado; estimaci\u00f3n con sujeci\u00f3n a las formalidades del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, del valor de los frutos civiles y de los perjuicios que se pretendan reclamar. <\/p>\n\n\n\n Segundo ejemplo. –<\/em><\/strong> Demanda sobre la declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes.<\/p>\n\n\n\n A partir del art\u00edculo 1 Ley 54 de 1990, seg\u00fan el cual, la uni\u00f3n marital es la formada por una pareja que, sin estar casada, hacen una comunidad de vida permanente y singular; precisando la jurisprudencia que constituyen requisitos indispensables para su existencia, la voluntad responsable de conformarla y la comunidad de vida permanente y singular.<\/p>\n\n\n\n El primero de los requisitos \u201c[\u2026] aparece cuando la pareja, en forma clara y un\u00e1nime, act\u00faa inequ\u00edvocamente en direcci\u00f3n de formar una familia, entregando sus vidas, verbi gratia, para compartir asuntos trascendentes de su ser, coincidir en metas presentes y futuras, y brindarse respeto, socorro y ayuda mutuas\u201d<\/em> , y se explica, que \u201csi el trato reciproco que se irrogan los integrantes de la relaci\u00f3n marital se aleja de esos principios b\u00e1sicos del comportamiento familiar, en cuanto lo contradicen, por ejemplo, una relaci\u00f3n de independientes o de simples amantes, esto significa que, en esa direcci\u00f3n, el elemento volitivo no se ha podido formar o estructurar.\u201d<\/em>(Sentencia CSJ SC3466-2020).<\/p>\n\n\n\n En cuanto al segundo requisito referido, en el mismo precedente citado se indic\u00f3, que la \u201c[\u2026] comunidad de vida. se refiere a la conducta de quienes la desarrollan, a los hechos en donde subyace y se afirma la intenci\u00f3n de constituir una familia. El presupuesto, desde luego, no alude una la voluntad interna propiamente dicha, sino a las exteriorizaciones vitales y circunstancias que la evidencian de manera impl\u00edcita, al margen de cualquier ritualidad o formalismo. – Por esto, al decir de la Corte, el requisito contiene elementos \u2018f..) t\u00e1cticos objetivos, como la convivencia, \/a ayuda y el socorro, mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el \u00e1nimo mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis [\u2026]\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Respecto del tercer requisito en menci\u00f3n, en el se\u00f1alado fallo se expres\u00f3, que la permanencia \u201c[\u2026] implica estabilidad, continuidad o perseverancia, al margen de que surjan cuestiones accidentales durante la comunidad de vida, impuestas por la misma relaci\u00f3n de pareja o establecidas por los propios compa\u00f1eros de hecho, como la falta de trato camal, de cohabitaci\u00f3n o de notoriedad, nada de lo cual la desvanece\u201d<\/em>. <\/p>\n\n\n\n Con relaci\u00f3n al requisito de la singularidad, se dijo, que \u201c[\u2026] en una cultura mon\u00f3gama, comporta una exclusiva relaci\u00f3n, aplicable a la familia jur\u00eddica y a la natural. De ah\u00ed, si alguien, simult\u00e1neamente, forma m\u00e1s de una comunidad de vida permanente, ciertos efectos, al igual que en la bigamia, son relativos durante el interregno en que se entrecruzan\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n Para efectos de que surja la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes se requiere que la uni\u00f3n marital haya perdurado un tiempo no inferior a dos (2) a\u00f1os y que a pesar de existir impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas, por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho.<\/p>\n\n\n\n Se infiere a partir de los se\u00f1alados requisitos que en la demanda se deben exponer los hechos para evidenciarlos y aportar o solicitar las pruebas que permitan probarlos.<\/p>\n\n\n\n Tercer ejemplo. \u2013<\/em><\/strong> Se reclama responsabilidad del administrador de sociedad comercial por conductas que afectaron a un tercero en el \u00e1mbito de las actividades de la empresa que representaba.<\/p>\n\n\n\n La norma sustancial que en esencia regula lo concerniente a la responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales corresponde al art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1996, el que subrog\u00f3 el precepto 200 del C\u00f3digo de Comercio, y que en lo pertinente establece: \u201c<\/em>Los administradores responder\u00e1n solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. – No estar\u00e1n sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. -En los casos de incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos, se presumir\u00e1 la culpa del administrador. – De igual manera se presumir\u00e1 la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisi\u00f3n sobre distribuci\u00f3n de utilidades en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s normas sobre la materia. En estos casos el administrador responder\u00e1 por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. – Si el administrador es persona jur\u00eddica, la responsabilidad respectiva ser\u00e1 de ella y de quien act\u00fae como su representante legal. – Se tendr\u00e1n por no escritas las cl\u00e1usulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.<\/em>\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Por su parte, la jurisprudencia especializada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 26 de agosto de 2011, rad. 2002-0007-01, acerca de las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 25 de la citada Ley, sostuvo: <\/p>\n\n\n\n \u201c[\u2026]<\/em>s<\/em>e trata de un r\u00e9gimen particular de responsabilidad civil derivado del contrato social y de la actuaci\u00f3n de sus administradores; los sujetos que en ella participan est\u00e1n definidos en la ley, en tanto que los titulares de la correspondiente pretensi\u00f3n resarcitoria son solamente la sociedad, los socios y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo,<\/u> mientras que los llamados a resistirla son quienes ostenten la calidad de administradores de la correspondiente persona jur\u00eddica<\/u>, independientemente de que concurra en ellos la condici\u00f3n de socios; se deriva, exclusivamente, de los actos dolosos o culposos que \u00e9stos cometan en desarrollo de la administraci\u00f3n que ejerzan, es decir, que el factor de atribuci\u00f3n de la responsabilidad es de naturaleza subjetiva; en los supuestos de \u2018incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u2019 [\u2026] y, en virtud de dicho sistema, los administradores est\u00e1n llamados a responder en forma personal, aut\u00f3noma e ilimitada, esto es, con total independencia de la responsabilidad que como consecuencia de esos mismos actos pueda desprenderse para la sociedad, como persona jur\u00eddica independiente tanto de sus socios como de sus administradores\u201d.<\/em> (Se subraya).<\/p>\n\n\n\n En cuanto a los requisitos que deben concurrir para la prosperidad de las pretensiones de las demandas mediante las cuales se reclama la responsabilidad del administrador, no solo las promovidas por la propia sociedad, sino las impetradas por los socios o terceros, en la sentencia SC2749-2021, proferida en el proceso radicado no.08001-3103-005-2012-00109-01, en lo pertinente, se sostuvo:<\/p>\n\n\n\n \u201cLa ley 222 de 1995 articula el r\u00e9gimen especial de responsabilidad de los administradores atendiendo el esquema tradicional de la responsabilidad subjetiva o por culpa, al establecer con total claridad en el art\u00edculo 24, que \u2018<\/em>Los administradores responder\u00e1n solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros\u2019; lo cual <\/em>significa que, para el buen suceso de una reclamaci\u00f3n por tal v\u00eda, se deben cumplir los presupuestos tradicionales de toda responsabilidad fundada en la culpa, esto es: (i) la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de un administrador contraria a los deberes <\/em>legales, estatutarios o contractuales de su cargo, imputable a t\u00edtulo de dolo o negligencia; (ii) un da\u00f1o, y (iii) el nexo causal que enlaza la conducta reprochada del administrador y el da\u00f1o concreto provocado.<\/em>\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Como ya se explic\u00f3, en el sustento f\u00e1ctico de las pretensiones se debe informar los hechos para evidenciar lo concerniente a la legitimaci\u00f3n en la causa, en cuanto a identificar la condici\u00f3n en que se formula la acci\u00f3n (sociedad, socio o tercero) y la calidad de quien es convocado a enfrentar la reclamaci\u00f3n (administrador); as\u00ed mismo, referir los supuestos f\u00e1cticos para evidenciar la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del accionado contraria a los deberes legales, estatutarios o contractuales, con se\u00f1alamiento concreto de las circunstancias como se desarroll\u00f3 la conducta endilgada, dejando claro si deriv\u00f3 de un actuar doloso o culposo; igualmente narrar los hechos relativos al da\u00f1o causado a quien demanda, y tambi\u00e9n exponer los hechos que muestren la conexi\u00f3n o evidencien que el da\u00f1o ocasionado a la parte actora se gener\u00f3 por el actuar del administrador accionado contrario a los deberes de obligatoria observancia en el ejercicio de las respectivas funciones o atribuciones.<\/p>\n\n\n\n Con relaci\u00f3n al tema probatorio ha de indicarse que en principio opera la carga de la prueba conforme a la regla general del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual le corresponde a las partes probar el supuesto de hecho sustento de sus pretensiones (demandante) o de las excepciones (accionado); sin perjuicio de que cuando se le enrostra al convocado la inobservancia adecuada de sus funciones o la violaci\u00f3n de los estatutos o la ley, etc., se presume la culpa y le corresponde probar que actu\u00f3 en debida forma. <\/p>\n\n\n\n Al respecto, en la \u00faltima sentencia citada de la Corte Suprema de Justicia, se expuso: \u201c[\u2026]<\/em>, en l\u00ednea de principio, es del resorte del demandante en la correspondiente acci\u00f3n social o individual, acreditar el cumplimiento de cada uno de esos presupuestos, incluida la culpa, excepci\u00f3n hecha -lo destaca la propia normativa en el art\u00edculo 24-, \u2018<\/em>En los casos de incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de sus funciones, violaci\u00f3n de la ley o de los estatutos\u2019, y \u2018cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisi\u00f3n sobre distribuci\u00f3n de utilidades en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s normas sobre la materia\u2019, donde se \u2018presume la culpa<\/u>\u2019.<\/em>\u201d<\/em>Cabe acotar, que respecto de los perjuicios reclamados (tanto patrimoniales como extrapatrimoniales), se deben dar a conocer los hechos que evidencien su causaci\u00f3n y los de car\u00e1cter patrimonial, deben soportarse en el juramento estimatorio conforme lo indicado en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Planteamiento preliminar Fruto de mi experiencia en la especialidad civil de la Rama Judicial en Colombia durante m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os y del seguimiento a asuntos complejos que no alcanzaron \u00e9xito en…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_ti_tpc_template_sync":false,"_ti_tpc_template_id":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[1],"tags":[47,45,48],"class_list":["post-735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nueva-entrada","tag-buenas-practicas","tag-derecho-probatorio","tag-procesos"],"jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n